El Gobierno chileno amplió la lista de empresas consideradas estratégicas, prohibiendo a sus trabajadores ejercer el derecho a huelga. Ahora, un total de 69 compañías se ven afectadas por estas restricciones, marcando una disminución desde las 76 designadas en 2021 bajo la administración de Sebastián Piñera y menos de la mitad del pico de 127 en 2016 durante el mandato de Michelle Bachelet.
El anuncio del Gobierno, realizado a finales de septiembre, reveló que de las 106 empresas que buscaban ser clasificadas como estratégicas, 61 cumplieron con los rigurosos criterios establecidos en el artículo 362 del Código del Trabajo, impidiendo a los trabajadores el derecho a la huelga. Este listado tiene una vigencia de dos años, durante los cuales las empresas y sindicatos pueden apelar ante la Corte de Apelaciones dentro de los 15 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial.
La inclusión de empresas en la lista estratégica se basa en dos criterios fundamentales: la existencia de un sindicato en la empresa y la ausencia de servicios mínimos definidos. Mauricio Peñaloza, exdirector del Trabajo, explicó que estas ocho nuevas incorporaciones cumplen con ambos criterios.
«El Gobierno fundamenta su decisión en la necesidad de sindicato previo y la falta de servicios mínimos establecidos, criterios que no están contemplados en la ley», señaló Peñaloza. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Aguas Magallanes S.A, CGE Transmisión S.A, Chilquinta Transmisión S.A, Empresa Eléctrica de la Frontera S.A, Litoral Transmisión S.A, Nueva Atacama S.A, Sistema de Transmisión del Sur S.A y Sociedad Austral de Electricidad S.A.
La cifra actual de 69 empresas estratégicas plantea interrogantes sobre el delicado equilibrio entre los derechos laborales y las exigencias económicas del país. La ampliación de estas restricciones podría tener un impacto significativo en la dinámica laboral y la negociación colectiva en Chile.
