Esta tarde se votará el proyecto de ley que contempla el cambio de jornada laboral de 45 horas semanales a 40 horas. 

El proyecto de reducción de jornada laboral fue presentado originalmente en 2017 por la diputada Karol Cariola y la actual ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. En 2019 fue aprobado por la Cámara y pasó al Senado, donde se mantuvo sin movimientos hasta 2022, cuando el Gobierno de Gabriel Boric lo reactivó ingresando una serie de indicaciones.

Dentro de los cambios que incorpora este proyecto están la incorporación de nuevas medidas de flexibilidad que apuntan a la posibilidad de que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta cuatro semanas, con un máximo de 45 horas semanales. 

Además, en caso que el trabajador sea sindicalizado, la empresa deberá contar con acuerdo del sindicato para implementar esta fórmula. De esta manera, se quiere relevar la titularidad sindical y que estos temas sean negociados de manera colectiva.

La propuesta también establece medidas como reconocer los sistemas de control electrónicos y la posibilidad de tener cuatro días de trabajo y tres de descanso. Por otro lado, establece que el Ministerio del Trabajo tendrá que crear un reglamento para regular jornadas excepcionales, entre otras.

En la antesala de la votación del proyecto de 40 horas, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, reiteró que el objetivo es despacharlo a ley antes del 1 de mayo.

“Se ha demostrado que esta idea impulsada cinco años atrás, que tuvo mucha oposición en su momento, era completamente practicable y muy necesaria, además, para ponernos al día con los estándares internacionales y tener una mejor calidad de vida”, puntualizó. 

Por ahora, una vez aprobada esta propuesta deberá pasar a un tercer trámite a la Cámara de Diputados.

Durante la tarde de este miércoles, la Cámara Baja rechazó el proyecto con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. La iniciativa requería quórum simple para pasar a la votación en particular, es decir,  sólo la mitad más uno de los parlamentarios en Sala  y hoy habían 147 diputados presentes, por lo que  la iniciativa no alcanzó la mayoría.

Por el rechazo de la iniciativa, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la «ideología se impuso sobre el pragmatismo», añadiendo que el Gobierno presentó cerca de 90 indicaciones al proyecto.

Cabe recordar que la Reforma pretendía recaudar los fondos suficientes para llevar a cabo múltiples  objetivos y que ya no podrán ser llevados a cabo. Entre ellos, una serie de medidas anti evasión de impuestos, y el aumento en la Pensión Garantizada Universal.

“La votación en general en contra de este proyecto significa, por ejemplo, que los articulados referidos a la reducción de la evasión, y la elusión no van a poder legislarse. No importa los argumentos que se den, lo que se exprese como voluntad o disposición, lo que se pensó, lo que se valoraba. Las consecuencias de votar en contra son que ya no se va a legislar sobre esas materias”, dijo Marcel.

Sobre el financiamiento de los derechos sociales, se manifestó  el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien lamentó lo ocurrido y puso el énfasis en las medidas gubernamentales que ya no tienen un financiamiento claro: “Hoy tenemos un problema, porque, ¿cómo vamos a financiar derechos sociales?”.

“Nosotros le pedimos a la derecha que sea empática, que no se joda a la ciudadanía y que avance hacia un modelo tributario que sea progresivo, porque hoy hay una desigualdad brutal, y esta reforma estaba pensando justamente en los más pobres”, añadió Ibáñez.

Sin embargo, pese a que la cámara baja rechazó el proyecto, el Presidente Boric podría insistir en la otra cámara, aunque para eso requiere la aprobación de dos tercios de la sala, lo que significa el respaldo de la gran mayoría de la oposición, al menos de Chile Vamos.

Por ahora, a las 10.00 horas de este jueves, los partidos oficialistas están citados a La Moneda para sostener una reunión con el comité político de ministros.